10 de septiembre de 2001 

Objetan se incluya término “orientación sexual” en Leyes de Crímenes de Odio y Procurador de los Derechos Humanos

 La organización conservadora “Evangélicos Unidos en Acción”, expresamos en el día de hoy que nos  opondremos a la inclusión del término “orientación sexual”, tanto en el proyecto de ley presentado por el Rep. Carlos Hernández, relativo a los llamados crímenes de odio, como al del Rep. Héctor Ferrer sobre el Procurador de los Derechos Humanos.

          Entendemos que es poco sabio el incluir la categoría de “orientación sexual” en este tipo de legislación. Esto elevaría unas conductas sexuales al estatus y categoría de derechos civiles. El mensaje que se envia es malo y tiene unas consecuencias legales bien abarcadoras.           

        En los pasados días hemos visto el esfuerzo publicitario que ha hecho el Rep. Hernández con el fin de ganar adeptos y simpatías para su proyecto, campaña en la que se insertó el Rep. Ferrer. Fuentes dentro del propio Capitolio nos dejaron saber que muchas de estas medidas estaban destinadas a ser aprobadas en lo que se conoce como el “fast-track”, similar a lo ocurrido en el Senado con el proyecto de la Procuradoría de la Mujer, en donde casi todas las organizaciones religiosas que se oponían a la medida no tuvieron la oportunidad de expresarse a través del proceso de vistas públicas.

          Nos preocupa el que lo ocurrido en el Senado, se repita en la Cámara. El alcance negativo que han tenido medidas similares a las propuestas aquí sobre los derechos civiles de la comunidad religiosa en los Estados Unidos y en el Canadá obligan a que los proponentes de estas medidas le contesten una serie de interrogantes a dichos sectores en el país, cosa que no han hecho en sus comparecencias públicas. En un programa de televisión religiosa al Rep. Ferrer se le preguntó si su proyecto de ley del Procurador de Derechos Humanos, le daba la oportunidad a un homosexual de demandar a un ministerio que se negara a darle un empleo a una persona a base de su preferencia sexual, a lo que este contestó en la afirmativa. Esto definitivamente colocaría al gobierno en la situación de forzar e imponerle a instituciones privadas religiosas el abandonar o negar sus principios morales y religiosos. Obligaría a ministerios cristianos a contratar a pesonas que ellos entienden que cometen conducta inmoral, y a emplearlos por la práctica de dicha conducta sexual.

          En el Canadá ya se han dado varios casos de persecusión religiosa en donde los homosexuales han estado acudiendo a la Comisión de Derechos Humanos a querellarse contra organizaciones religiosas y ciudadanos privados. Esto ha llegado al punto en donde se han censurado programas radiales del Dr. James Dobson, el Dr. Jerry Falwell y  a la Dra. Laura Schlessinger a los que se le ha obligado  a editar cualquier comentario relacionado a la homosexualidad, que la comunidad gay entienda que es ofensivo.

          El caso más reciente fue el de Hugh Owens, quien compró espacio en un periódico local para colocar un anuncio en contra de la celebración de la “Semana de Orgullo Gay en Canadá”. El anuncio mostraba unas fotos de hombres de espalda tomado de manos,  y al lado de cada fotografía aparecían unos versos de la Biblia, indicando que las Escrituras condenaban esa práctica sexual. Esto fue suficiente para que el activista homosexual Gens Hellquist y otras dos personas utilizaran la Comisión de Derechos Humanos del Canadá que tiene una construcción similar a la propuesta por el Rep. Ferrer, para alegar que esa expresión religiosa de Owens: “violaba mis derechos humanos, exponiéndome como varón homosexual al odio y al ridículo público”.  Esto fue suficiente para que a Owens se le sentenciara a pagarle $1500 a cada uno de los demandantes por el “dolor y sufrimiento” causados por su expresión. Adicional a esto tuvo que pagar $4,500 por la contratación de los expertos que el Estado utilizó contra él. Hay claúsulas en el proyecto del Rep. Ferrer que proven para que esto se repita. Si esto es preocupante, también lo fue el comentario hecho por un activista homosexual, en un programa homosexual que se transmite en una emisora de radio local en donde expresó que había regresado de un Congreso de Activismo Homosexual, en donde se había hablado de los crímenes de odio y de cómo esta legislación ( refiriéndose al Proyecto de la Cámara 961 ) había sido efectiva en otras jurisdicciones para ponerle fin a comentarios como los que hacía el Rev. Jorge Raschke en contra de la comunidad homosexual. Este tipo de legislación puede llegar a utilizarse para silenciar a ministros y a cualquier otra persona que se exprese en contra del estilo de vida homosexual, presentándolo como inmoral y peligroso. Organizaciones legales en los Estados Unidos, que han estado defendiendo a cristianos que han sido denunciados bajo estatutos de crímenes de odio nos señalan lo siguiente y cito: “Predicar o enseñar en contra de la conducta homosexual puede ser procesada como una conspiración para cometer un crimen de odio. Un ejemplo, un ministro predica un sermón en donde insta a sus oyentes a oponerse activamente a la promoción y a la aceptación de dicho estilo de vida. Alguien en dicha comunidad comete una ofensa, y el fiscal puede tratar de convencer a un jurado que el sermón motivó al que perpetro el crimen, aún cuando las palabras del ministro hayan sido sacadas fuera de su contexto. El pastor podría ser acusado de conspiración para cometer un crimen de odio. En Pennsylvannia se arrestó a un pastor por portar una pancarta frente a una barra de homosexuales y se le imputo un crimen de odio. En Nueva York, una pelea simple de calle puede llevar a una persona 15 días a la cárcel, pero si durante la pelea le dijo algo a la persona que pueda considerarse insultante a su dignidad la pena puede llegar a un año. 

          Por otro lado los legisladores tienen que contestarle muchas preguntas al pueblo en cuanto a las definiciones de estos dos proyectos, preguntas como: ¿qué se considera una orientación sexual? ¿qué se considera un prejuicio y quién lo define legalmente?

Nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que hay coberturas de medios selectivas para diferentes clases de crímenes. Un ejemplo sería la muerte de Matthew Shepard que originó 3,007 historias en un solo mes en los Estados Unidos, mientras que el asesinato, igual de brutal e insensible de un jovencito de 13 años, Jesse Dirkhising, violado y asesinado por dos homosexuales, fue reseñado solo en 46 historias durante el mes en que le fue arrebatada la vida. La discrepancia no solo es real, es sorprendente, y esta es la consecuencia natural de lo que promueve la cultura de la retórica de los crímenes de odio. Las muertes que afectan a unas clases politicamente protegidas, valen más ante los ojos de la sociedad que otras. Cualquier otra muerte que no encaje dentro de un perfil politicamente correcto es echada al abandono, lo ocurrido con la muerte de Jesse Dirkhising. De la misma manera que la pena de muerte no es un disuasivo del crimen, de esa misma manera leyes de crímenes de odio no lo detendran. En Puerto Rico lo que se debe promover es la educación en valores y el civismo. Si eso no se hace jamás se podrá controlar la violencia que vive nuestro país y que se traduce ultimamente en la utilización del insulto personal y la palabra soez para discutir ideas. El cristianismo enseña que todas las personas tienen el mismo valor, por que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No es lógico, ni saludable el utilizar la fuerza represiva del estado para unirla a las agendas políticas de ciertos grupos.

Ante las interrogantes que han surgido dentro de sectores del cristianisno de este país, en relación a este tipo de proyectos, se le debe dar una seria consideración a  los mismos citando a vistas públicas para que todas las partes interesadas puedan expresarse, y que de finalmente aprobarse medidas como estas, las mismas contengan clara y especificamente las salvaguardas, no solo de unos grupos, sino de todos los grupos sociales y religiosos del país. Que no quede la menor duda de que este tipo de proyectos sea utilizado por militantes y activistas para iniciar procesos de persecución selective de iglesias, ministros y/o ministerios en el país.