4 de junio de 2001

COMUNICADO DE PRENSA, RADIO Y TV

TILDAN DE IRRESPONSABLES LAS DELCARACIONES DEL JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN FAVOR DE APLICACION DE LEY 54 A HOMOSEXUALES

La pasada semana en una acción totalmente irresponsable el Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico José Andreu García le dió su aval a la determinación de la Secretaria de Justicia de aplicarle la Ley 54 a parejas del mismo sexo. Al así hacerlo le envia un mensaje a toda la judicatura en terminos de lo que será su posición en torno a casos que le llegarán en apelación.

Tal parece que las reglas que le aplican a toda la judicatura en términos de no comentar sobre casos que pueden estar recibiendo, no aplican cuando se trata del Juez Presidente. Esto es así, ya que en nuestro país existen reglas no escritas en donde los poderosos están por encima de la ley y de los reglamentos, mucho más, si pertenecen a la actual administración.

En primer lugar fue vergonzoso el que la Secretaria de Justicia, legislara por decreto y le pasara por encima a la intención legislativa al crear mediante una orden una aberración de la justicia y un atentado en contra de lo que es la definición de la familia tradicional, al igualar una relación matrimonial a una homosexual.

El Juez Presidente del Tribunal Supremo intenta darle la bendición a tal aberración y al así hacerlo se convierte en un lacayo de la administración, violando normas y directrices que se les imponen a otros togados. Nuestra organización considerará seriamente el volver a radicar una querella en el Tribunal Supremo contra esta acción impropia de uno de sus miembros. La radicaremos, no en ánimos de obtener justicia, porque no obtendremos ninguna, sino para dejar ver claramente que en Puerto Rico existen todavía instituciones que son vacas sagradas que están por encima de la ley. De igual forma organizaremos manifestaciones de protesta en las próximas semanas frente al Tribunal Supremo y el Departamento de Justicia.

Esperamos cinco meses para darle una oportunidad a la nueva administración de establecer lo que sería su política pública en cuanto a valores y familia. Ya tenemos un cuadro claro de lo que viene. Esta administración está entregada a diversos grupos de interés y mientras alegan que no se puede legislar moralidad, están haciendo lo indecible para legislar la inmoralidad por decreto.