En lo que parece ser una campaña para derogar las leyes estatales que prohiben la sodomía y lograr la bendición y sanción de parte del estado de la conducta homosexual, nuestro más alto tribunal estará considerando y decidiendo unos casos que no solo sentarán jurisprudencia en el país, sino que también degradarán y mutilaran la verdadera relación matrimonial en Puerto Rico.
El eminente sociólogo de la Universidad de Harvard, Pitrim Sorokin, indicó que ninguna sociedad que haya cesado de honrar y proteger la institución del matrimonio ha sobrevivido. ¿Podría alguien imaginarse la construcción de un edificio en donde cada carpintero haya tenido la opción de establecer su propia norma de medición? El criterio universal para medir el matrimonio lo constituye la union entre un hombre y una mujer que formalizan una union ante Dios y el estado y sociedad. Toda aquella institución u organismo gubernamental que quiera alterar la definición de un matrimonio causa caos social, aún cuando se pretenda hacer esto en aras de imitar la conducta de otros pueblos o dejarse llevar por lo que en momentos dados se conoce como "el estado de derecho" de otras sociedades. Esto lo estará decidiendo el Supremo de Puerto Rico tan pronto le llegue el primer caso de aplicación de Ley 54 a parejas del mismo sexo. Este caso llegará a este foro de seguir la Secretaria de Justicia el curso de aplicación de esta ley a parejas homosexuales. Lo único que puede detener esto es una decisión de la Señora Gobernadora en términos de política pública. Ya la Secretaria de Justicia afirmó el pasado lunes que sólo la Gobernadora de Puerto Rico le podía ordenar el paralizar los procesos de apelación de estos casos. Esta aseveración de la Secretaria nos permite el hacerle ahora una solicitud a la Gobernadora.
Los activistas homosexuales que le piden standing al Supremo para pedir la derogación del Artículo 103 del Código Penal que prohíbe la sodomía tienen una agenda política específica: la redefinición de la institución del matrimonio y de la familia tradicional. El escritor y activista homosexual Michelangelo Signorile dijo en una ocasión que el objetivo real de todas estas luchas es: luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios, y después, cuando se logre esto, redefinir la institución del matrimonio completamente, para demoler un mito y alterar radicalmente una institución arcaica.
La estrategia para lograr una decisión favorable de parte del Supremo local es utilizar la claúsula constitucional del derecho a la intimidad. El concepto amplio del derecho a la intimidad le luce atractivo a algunos juristas, pero ya ha sido utilizado para establecer precedentes funestos. Esta misma claúsula legislada por el Supremo Federal fue la que abrió las puertas para que en nuestra generación se cometa el holocausto infantil más grande de la historia: la legalización del aborto. Porque una conducta se practique en la intimidad no la hace ni legal, ni moral. Hay decenas de conductas privadas y consensuales que son ilegales, entiéndase: incesto, prostitución, uso de drogas, perversión de menores, etc. Las leyes de sodomía se utilizan para denegar la adopción homosexual, hogares substitutos y otros, dado el caso de que el estado no puede responsablemente colocar un niño en un hogar en donde se esté cometiendo una violación de ley. El abrogar la ley de sodomía y legalizar la conducta homosexual abrirá las puertas en Puerto Rico para que el movimiento homosexual logre imponer una revolución social en el país. Esperamos que los jueces de nuestro más alto tribunal sigan la norma de tener como una prioridad la protección del bienestar de nuestros niños y no creen en Puerto Rico un derecho constitucional a envolverse en la práctica homosexual.
Declaraciones autorizadas por el cuerpo directivo de Evangélicos Unidos en Acción.
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